En un desarrollo que profundiza la complejidad y la violencia inherente al crimen organizado en Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla confirmó este jueves 14 de noviembre de 2025 que dos presuntos implicados adicionales en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, fueron ejecutados de manera violenta. Los cuerpos de estos individuos fueron hallados el lunes 10 de noviembre a un costado de la carretera Uruapan-Paracho, en el municipio de Capácuaro, lo que eleva a tres el número de personas vinculadas al homicidio que han sido eliminadas en menos de dos semanas.
El crimen contra Manzo ocurrió la noche del 1 de noviembre, durante las celebraciones del Día de Muertos en la plaza principal de Uruapan, un evento emblemático conocido como el Festival de las Velas. El alcalde, quien asumió el cargo en septiembre de 2024 como candidato de Morena y aliado de la izquierda local, fue atacado a balazos en un acto que conmocionó a la región aguacatera, famosa por su producción de exportación pero también por su historia de disputas entre carteles como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Familia Michoacana. Según testigos y reportes iniciales, el agresor principal, identificado como Miguel Ángel Ubaldo Vidales, de apenas 17 años y originario de Paracho, irrumpió en la escena pública y disparó directamente contra Manzo, quien falleció en el lugar pese a los esfuerzos de auxilio inmediato.
Ubaldo Vidales fue abatido esa misma noche por elementos de la policía municipal que fungían como escoltas del alcalde. Sin embargo, investigaciones preliminares de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán revelan que el menor ya había sido sometido y detenido en flagrancia cuando recibió el disparo fatal, lo que ha generado cuestionamientos sobre la actuación de las fuerzas de seguridad. «El homicida fue abatido cuando ya estaba sometido», detalló Ramírez Bedolla en su conferencia de prensa matutina, subrayando la necesidad de esclarecer si se trató de una ejecución extrajudicial o un error en el protocolo de detención.
Los dos nuevos implicados, cuyos cuerpos mostraban signos de ejecución —con impactos de bala a quemarropa y posibles signos de tortura—, fueron identificados por la FGE como cómplices directos que acompañaban a Ubaldo Vidales durante el atentado. Uno de ellos, de tan solo 16 años, representa el segundo menor de edad involucrado y ejecutado en este caso, lo que resalta el alarmante reclutamiento de adolescentes por parte de grupos criminales en la zona. «Lo que sí confirma la Fiscalía es que participaron otras dos personas que acompañaban al homicida, y estas personas son los dos que aparecieron en Capácuaro muertos, y son también los que participaron en el homicidio», afirmó el gobernador, citando evidencias como testimonios, videos de vigilancia y análisis balísticos que vinculan sus vehículos y armamento con la escena del crimen.
La confirmación de estas ejecuciones fue validada no solo por la FGE, sino también por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, quien participó en una reunión de alto nivel con Ramírez Bedolla y representantes del Gabinete de Seguridad. En este encuentro, también se sumaron la alcaldesa interina de Uruapan, Grecia Quiroz —viuda de Carlos Manzo y quien asumió el cargo de manera provisional— y líderes del sector aguacatero, afectados por la extorsión y los bloqueos que han paralizado la economía local. El gobierno federal se comprometió a reforzar el «Plan Michoacán», un esquema de inteligencia y despliegue que incluye mayor presencia de la Guardia Nacional, con énfasis en la protección de funcionarios públicos y la desarticulación de redes de reclutamiento infantil.
Ramírez Bedolla enfatizó que las líneas de investigación permanecen abiertas en múltiples frentes. Entre ellas, destaca el escrutinio a la actuación de los escoltas de Manzo: el alcalde contaba con un esquema robusto de ocho guardaespaldas personales —seleccionados directamente por él— y 14 elementos de la Guardia Nacional, pero el gobernador cuestionó «qué fue lo que ocurrió para que se distrajera o flexibilizara su círculo de seguridad» en el momento del ataque. Otras hipótesis incluyen posibles filtraciones internas, motivaciones políticas —dado el perfil izquierdista de Manzo, quien era visto como un reformista en un bastión de disputas partidistas— y el rol de la extorsión a productores de aguacate, un sector que genera miles de empleos pero que ha sido blanco recurrente de cobros de piso.
Este triple homicidio de implicados sugiere un ajuste de cuentas interno entre facciones criminales, posiblemente para eliminar testigos o enviar un mensaje de control territorial. Analistas de seguridad estiman que el asesinato de Manzo podría estar ligado a su postura firme contra la narcopolítica en Uruapan, una ciudad con historial de violencia extrema: en 2019, por ejemplo, colgaron cuerpos de rivales en puentes como advertencia. La ejecución de menores como Ubaldo Vidales y su cómplice de 16 años subraya una crisis humanitaria, con organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertando sobre el uso de niños soldados en México, donde más de 30.000 menores han sido reclutados por el crimen organizado en la última década.
En respuesta, el gobierno estatal anunció medidas inmediatas: un aumento en patrullajes en carreteras clave como Uruapan-Paracho, programas de rehabilitación para jóvenes en riesgo y una auditoría a los protocolos de escolta para alcaldes en zonas de alto riesgo. «No permitiremos que la impunidad prevalezca; este caso será resuelto con todo el peso de la ley y la colaboración federal», concluyó Ramírez Bedolla, mientras la viuda de Manzo, Grecia Quiroz, llamó a la unidad ciudadana para honrar el legado de su esposo, enfocado en el desarrollo social y la erradicación de la corrupción.
Este episodio agrava la inseguridad en Michoacán, un estado que en 2025 ha registrado un incremento del 15% en homicidios relacionados con el narco, según datos preliminares del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La sociedad civil y los productores aguacateros exigen resultados concretos, temiendo que el vacío de poder en Uruapan propicie más violencia en la temporada de cosecha. Mientras tanto, la investigación continúa, con la esperanza de que la justicia no sea silenciada como sus principales testigos.
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