Desde Veracruz hasta Guatemala, y desde Huimanguillo hasta Tenosique en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, conocido como «Comandante H» o «El Abuelo», consolidó el control de la criminalidad en el centro operativo de la entidad, aprovechando la fragmentación de liderazgos tras la desaparición de Los Zetas en el estado y fortaleciendo una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Respaldado por su posición al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Bermúdez Requena dirigía a los líderes de la organización criminal La Barredora, dictando cuánto cobrar, dónde y cuándo hacerlo, a quién asesinar o torturar, y dónde abandonar los cuerpos. Otorgaba «permisos» para delinquir indiscriminadamente y autorizaba ataques contra grupos rivales, según revelan documentos clasificados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), filtrados por Guacamaya Leaks en 2022, que detallan el ascenso de La Barredora en Tabasco.
Tras la captura y muerte de los líderes de Los Zetas en Tabasco durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, familiares y colaboradores cercanos asumieron el control de actividades ilícitas como el tráfico de migrantes, el cobro de piso, el robo de combustible en ductos de Pemex, asaltos a sus instalaciones y el trasiego de drogas. Con la llegada de Adán Augusto López Hernández como gobernador, la directriz fue clara: pacificar el estado tras la desarticulación de Los Zetas y la ola de violencia resultante. Bermúdez Requena negoció con estos líderes, quienes, con el tiempo y bajo la presión del Estado, terminaron subordinándose a sus órdenes. Asumió el cargo de secretario de Seguridad en Tabasco en diciembre de 2019 y, para febrero de 2020, ya había establecido acuerdos con los principales líderes criminales del estado, herederos de Los Zetas y ahora operando como brazo del CJNG.
Región de La Chontalpa: migrantes, drogas y huachicol El plan de pacificación en Tabasco buscaba reducir las disputas entre grupos criminales locales y otorgar «permisos» para delinquir a quienes mostraran lealtad al gobernador, respetaran a la población civil y evitaran conflictos internos. Esto se dio en un contexto de violencia heredado del último año de la administración de Arturo Núñez Jiménez.
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