El Congreso de la Ciudad de México aprobó un punto de acuerdo para investigar y separar del cargo a las alcaldesas panistas de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, señalados de usar recursos públicos para pagar y movilizar grupos de vendedores ambulantes que generaron actos violentos durante la manifestación de la Generación Z del sábado pasado.
Tras un debate de más de cuatro horas, el pleno exhortó a la Contraloría capitalina a iniciar investigaciones inmediatas y solicitó a la Junta de Coordinación Política crear una comisión especial que dé seguimiento a los hechos de violencia.
En tribuna, el diputado morenista Paulo García exhibió a los presuntos operadores:
- Rubén Jiménez Barrios, líder de comerciantes ambulantes y secretario adjunto del PRI-CDMX.
- Los concejales Grecia Maribel Jiménez Hernández y Jean Leonet Jiménez Hernández.
- Rubén Erik Alejandro Jiménez Hernández, secretario de Operación Política del PRI local.
Según las acusaciones, estos personajes habrían amenazado a los vendedores con quitarles sus lugares si no acudían al Zócalo para generar disturbios.
La diputada Silvia Sánchez Barrios deslindó a su familia de la violencia, pero afirmó que Rubén Jiménez Barrios “seguramente recibió presiones y chantajes” de Rojo de la Vega para llevar a los comerciantes.
La coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, advirtió que, de comprobarse los hechos, procederá el juicio político contra ambos alcaldes.
En respuesta, Alessandra Rojo de la Vega publicó en redes una fotografía con la leyenda: “Estos son los verdaderos presos políticos, dictadores y asesinos que ustedes veneran”, en aparente referencia a figuras de la 4T, en lugar de los detenidos tras los disturbios del sábado.
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